Hoy es 14 de abril. No es necesario recordarlo, pero se conmemora el 77º aniversario de la proclamación de la Segunda República española. Ya lo he dicho, pero para gustazo de mi padre, que como crítico de todo también lo es de los usos de la lengua voy a intentar bordarlo: se conmemora el septuagésimo séptimo aniversario... -suena horrible, pero en fin-.

Uno de los valores republicanos debería ser la vocación de servicio público, y sin embargo a este país se le escapa, como tantos otros. Ayer La Sexta emitía un reportaje llamado 'Viva la República' en que se recreaba una hipotética historia de España suponiendo la victoria del bando republicano en la Guerra Civil. El programa conducido por Mamen Mendizábal contaba por ejemplo que si Franco no hubiese llegado a ser dictador, tras la guerra se habría proclamado la IIIª República siendo Manuel Azaña su Presidente. Los exiliados del bando fascista no habrían sido reprimidos, regresando al país, no así el propio Franco que iría buscando refugio en países con regímenes dictatoriales de América del Sur muriendo finalmente un 20 de noviembre. Pero antes que nada, se aliaría con Hitler para invadir España. Y lo consigue, hasta convertir Cádiz en el último reducto republicano. Sin embargo, en el marco de la II Guerra Mundial, ingleses, americanos y las tropas españolas consiguen expulsar a los nazis hasta el final de la Guerra, cuando el país se acoge al Plan Marshall. España tiene a partir de aquí un gran auge cultural, industrial y turístico. La economía empieza a despegar décadas antes de lo que sucedió en realidad y creamos un sistema educativo envidiable. Los Estatutos de Autonomía que comienzan en Galicia, Euskadi y Cataluña se extienden en los setenta a todos los territorios conformando una República federal, en la que portar la bandera y cantar el himno es un orgullo ajeno a cualquier división o a la posibilidad de herir sentimientos. El Peñón de Gibraltar es devuelto a España 60 años después de un acuerdo entre ingleses y españoles tras la guerra. José María Aznar es en ese momento el Presidente de la República, que más tarde tendrá que convivir con Zapatero como Jefe del Gobierno, en una situación de completa normalidad democrática. Una normalidad y una España que por cierto participaron activamente en la aparición de la Unión Europea como firmante del Tratado de Roma así como de las Naciones Unidas. Nada de ser segundones.

Todo muy bonito. No hace falta ser muy inteligente para imaginar que España hubiese sido radicalmente distinta con cuarenta años más de democracia donde hubo en realidad un paréntesis de miedo, represión, atraso y aislamiento. Pero al margen de estas cuestiones imaginarias hay otra consecuencia de la falta de valores republicanos que se deja sentir mucho en este país: la situación de la Administración pública. Comentaba al comienzo que el servicio público debería estar arraigado en cualquier Estado que se diga tal cosa. Hoy leemos en El País que la psicóloga del caso del crimen de Alovera tiene un récord de quejas. Sin embargo nadie en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, de la que ella es dependiente, movió un solo dedo. Sobre el caso: Dictaminó ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz que "desde el punto de vista psicológico" no se podía "hablar de maltrato en el ámbito familiar". No creyó a la mujer, a la que calificó de contradictoria e incoherente y a la que recomendó tratamiento psicológico "para elaborar adecuadamente su conflictividad de pareja y aprender a abrirse a las relaciones paternofiliales". Pero mucho más preocupante es que el mismo artículo señala que en cualquier caso, parece que son varios los fallos que se han cometido en este trágico caso, y por parte de varias instituciones.

La justicia, los funcionarios. Los españoles observan cada día noticias relacionadas con los "servidores públicos" y en ningún caso son positivas. Tal vez sea éste el momento adecuado para abordar de forma seria este debate, como ya han hecho otros países vecinos. No existe nada más importante que lo público, lo de todos. Si los ciudadanos no tienen o no pueden tener confianza en su Administración, en su justicia, sanidad o educación públicas, el Estado no funciona.

Ambos casos, los dos últimos, podrían encomendarse a Bibiana Aído, la nueva Ministra de Igualdad, a la que quiero extender mi felicitación por tres razones: por ser mujer, por ser joven y por tener en sus manos uno de los mayores retos políticos del presente y del futuro. Y me sumo a ella en su lucha para que cada hombre que levante la mano a una mujer sepa que no tiene delante a un ser desprotegido, sino a 44 millones de españoles, también a los hombres decentes -los que en definitiva son hombres-.

Sobre las demás carteras repartidas no haré ninguna mención. Yo sí esperaré los cien días de rigor, sin calificar ni descalificar lo desconocido. Hasta en eso algunos dejan ver su falta de formación en un sistema democrático. Educación, ciudadanía. Ya sabes.