La detención esta semana del conocido como "segundo violador del Eixample" ha sido administrada por los medios informativos como un hecho aislado para rellenar la crónica de sucesos -que por otro lado no parece requerir más extensión-. Sin embargo, no sería ninguna osadía pedir una parada de máquinas para la reflexión general.

De un tiempo a esta parte todos nos hemos vuelto acérrimos defensores del Estado de Derecho, un concepto que sin duda contiene un gran significado, y con éste el de libertad. Pero no es menos cierto que para algunos Su libertad y todo lo que comporta no tiene ninguna limitación, ninguna, aunque su ejercicio afecte a la de cualquier otro. Estos días estamos viviendo un ejemplo clarísimo con la forma en que todo un colectivo está llevando adelante su legítima posibilidad de hacer una huelga. Por desgracia, el tema que pretendo tratar es mucho más duro y de gran sensibilidad.

Hace menos de un año el Presidente de la República francesa, Nicolas Sarkozy, proponía la utilización de la castración química para condenados por delitos sexuales. El pasado mes el padre de una niña asesinada por un abusador previamente condenado se reunía con el Presidente español para trasladarle una petición popular que solicitaba la cadena perpetua para los referidos delitos, y según una encuesta difundida ayer la mayor parte de la población estaría conforme con la aplicación de ese supuesto.

El debate que podríamos abrir en este momento es profundo, extenso y de suma importancia. Desconozco la eficacia científica de la castración química, y sé que nuestra Constitución impide la cadena perpetua. Pero éste es el momento de que los poderes públicos frenen en seco su indecente mirada esquiva. Ha llegado la hora de tratar de frente un problema que afecta no a la libertad y al derecho de quien abusa, de quien maltrata o de quien humilla; sino al derecho y la libertad del más débil, ése al que el Estado y la Ley tienen la obligación de defender Siempre. Las políticas de igualdad y de defensa de la condición humana deben ir más allá de los grotescos juegos lingüísticos -creo que la destinataria de esta frase sabría darse por aludida-.

No podemos llenarnos la boca con la defensa del Estado de Derecho -defensa que no suele contener más que palabras vacías carentes de significado real y práctico- y permitir amparándonos en ella que mueran y sufran más personas. Que el silencio sea su única salida. No podemos tolerar que un condenado por abusos mate a una niña, que hombres dementes puedan cumplir riéndose de la ¿justicia? sus amenazas contra una mujer que grita en soledad, que un pederasta salga de la cárcel para ¡reinsertarse! -el gran invento del siglo- trabajando en una guardería o que un violador pueda campar a sus anchas porque la Ley protege sus derechos penales y no el derecho a la vida de sus víctimas.

Los teóricos de esto y aquello podrán cubrir cada hueco de estas líneas con su incansable verborrea de lo aceptable, tachando sentimientos con falsas dosis de corrección que perderían si "les tocase". Desconozco la ciencia, la Ley. Pero sé cómo es la mirada intensa de un niño. Y ésa, por desgracia, no está legislada. Ni a salvo.

Jorge Barraza.