Con buenas intenciones no basta, es lo que piensan las trabajadoras sexuales camboyanas desde que en febrero entró en vigor esta normativa que además, según denuncian, socava los esfuerzos gubernamentales por contener el sida.

En tres meses han sido detenidas 866 camboyanas, de acuerdo con el recuento de la Red de Mujeres por la Unidad (RMU) que, con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), celebró ayer una jornada de acción para denunciar la situación que ha propiciado la nueva ley.

La RMU acusó a miembros de los cuerpos de seguridad de violar a las mujeres sospechosas de prostitución, de propinar palizas y de confiscar sus bienes, aparte de que se interrumpe el tratamiento con retrovirales en los casos de infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Phuong fue detenida en abril mientras se ofrecía en la estación de ferrocarril de Phnom Penh.

Relató que primero le robaron un reloj y 50.000 riels (12,5 dólares o unos 8 euros); luego, en comisaría, fue violada por seis agentes, el último de ellos sin preservativo, a pesar de que advirtió que era portadora del VIH.

Después fue traslada a un centro de rehabilitación, el de Prey Speu, a una hora de la capital, donde asegura que al menos tres personas murieron como consecuencia de las palizas de los guardias.

Sin jabón para lavarse, a veces sin comida ni agua y, cuando tienen, comiendo directamente de bolsas de plástico; durmiendo en el suelo y obligadas a hacer trabajos como lavar los lavabos; así describe Keo Tha las condiciones del centro.

Keo Tha dice que sólo pueden abandonar la institución después de pagar el correspondiente soborno que oscila entre los 150 y los 200 dólares (entre 96 y 128 euros), equivalente al sueldo mensual de un funcionario.

Hacer la calle en zonas como Wat Phnom o el Monumento de la Independencia acarrea aún más riesgo, porque, a diferencia de las que trabajan en burdeles, karaokes o bares nocturnos, estas mujeres no tienen el 'amparo' del propietario del local.

Más allá de los abusos, Keo Tha denunció que la Ley contribuye a propagar el VIH.

'Muchas chicas ya no llevan preservativos por miedo a que la policía las considere trabajadoras sexuales y sean detenidas', explicó la camboyana.

Hasta el momento, la lucha contra el VIH en Camboya había sido relativamente exitosa con 71.000 casos registrados, según datos de Naciones Unidas, lo que supone un 0,9 por ciento de la población frente el 1,4 por ciento de la vecina Tailandia.

Las trabajadoras sexuales exigen que se revoque la Ley, que terminen los continuos asaltos de la policía en los burdeles y que su actividad sea reconocida como un trabajo para así conseguir que se respeten sus derechos.

Aseguran que la mayoría ha elegido esta forma de vida libremente como 'única vía realista' para mantener su familia, a pesar del rechazo social que deben soportar.

Con escasa formación, encontrar otro tipo de trabajo no es tarea fácil para las trabajadoras sexuales.

'En una fábrica sólo encuentras trabajo si sobornas a la persona adecuada', dijo la secretaria de la RMU, Pich Sokchea, y aseguró que, aun así, el salario es insuficiente.

Necesidades básicas como la comida y la escuela para los hijos o la atención sanitaria para los padres dependen de los ingresos que estas mujeres consiguen a través de la prostitución.

La secretaria general para el Desarrollo Social, del Ministerio de Asuntos de la Mujer, Chou Bun Eng, asistió a la jornada de acción y aseguró que tomaba nota de los abusos denunciados y que intercedería ante el Ministro del Interior.

Chou defendió el espíritu de la Ley y animó a las víctimas a denunciar los abusos, un llamamiento que fue recibida con escepticismo.

'Nadie se atreve a denunciar nada por miedo a ser detenido', afirmó Keo Tha.