El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su recurso reclamando el derecho a no admitir como concertados a los colegios que pretendan establecer una separación por sexos para la enseñanza. Al menos en Castilla-La Mancha un colegio que quiera establecer esa separación por sexos no será concertado, no tendrá subvención oficial.

Pero sí en otras Comunidades, por razones que a mí se me escapan. Es increíble que, cuando la Constitución establece que no puede discriminarse por razones varias y entre ellas el sexo, haya todavía organizaciones educativas (o empresariales, o sectas... qué sé yo) que se empeñan en hacer estas discriminaciones y además recibiendo la subvención del Estado que los admite como concertados; llama la atención el cinismo con que estos mismos sectores suelen apelar al "derecho de los padres a elegir centro", cuando les conviene, y a la vez cierran la puerta a varones o hembras porque así lo han decidido los promotores del negocio.

Mi enhorabuena al viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo, quien parece tener las cosas claras al respecto, igual que respecto a la necesidad de establecer mecanismos para que el alumnado inmigrante sea distribuido equitativamente entre centros públicos y concertados o haber alcanzado la gratuidad de los libros de texto en las escuelas desde hace ya años. A veces los políticos sirven al bien público. Gracias.