Yo, que condeno la violencia, sea como sea y venga de donde venga, no comulgo con ruedas de molino tales como las leyes que castigan a ciertos partidos por las mismas actitudes que dejan a otros impunes.

No estoy de acuerdo en que se prive de la participación política a dirigentes y votantes por no condenar atentados; la libertad de expresión ampara, digo yo, el derecho a no tener por qué pronunciarse; otra cosa es el delito de quienes cometen hechos delictivos, colaboran o hacen apología de los mismos. Por cierto, la libertad de expresión debe tener sus límites, tan amplios PARA TODOS como los que le conceden a cierto personaje de la COPE.

Pero a lo que iba. Lo que no es de recibo es que quede en España un resto no pequeño de franquistas que se niegan a condenar los miles de asesinatos que se produjeron no sólo durante la sublevación de Franco contra la República sino todos los posteriores a modo de venganza, represalia y en honor a “la victoria”. Crímenes cercanos, tan cercanos que familiares de los muertos aún buscan los restos bajo cualquier puñado de tierra del suelo patrio.

Y para colmo, es posible encontrar personas que para nada condenan aquellos crímenes, que los justifican y que además siguieron y siguen mandando en pueblos, Comunidades y puestos relevantes del Gobierno de la Nación. Tras tanto homenaje a los “caídos” por el bando ganador, aún hay quienes desde su puesto de mando ofrecen resistencias a que un fusilado del bando leal a la República sea homenajeado. La transición fue como fue. Y bien estuvo. Pero ya va siendo hora de que leyes, derechos y libertades vayan siendo iguales para todos los españoles.

Nada menos que del año 1992 viene la cosa, el caso de la privatización de la funeraria municipal: el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde Álvarez del Manzano, decidió en un pleno la venta del 49 % de las acciones de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña, por el módico precio de 0,6 euros. Al entenderse que en la operación se habían cometido irregularidades de consideración, el caso se denunció a los tribunales.

La Fiscalía de Madrid solicitaba para varios ex concejales y otras personas relacionadas con el escandaloso caso unos cuantos años de prisión y más años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, al serles imputados delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias a los ex concejales y varios delitos más, entre ellos contra la acienda Pública, a los otros intervinientes.

Al final, pasados 16 años, la Audiencia Provincial de Madrid deja a todos absueltos y únicamente al ex concejal popular Luis María Huete se le inhabilita por 2 años y un día para cargo público por prevaricación. A buenas horas mangas verdes, cuando este señor desapareció de la política hace años.