AYUNTAMIENTO Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE MADRID CONSUMAN LA USURPACIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO EN EL ÁLAMO

El ayuntamiento de El Álamo ha aprobado en el pleno del viernes día 23, por 7 votos a favor (PP) y 5 en contra (PSOE), la adjudicación de las instalaciones del CEIP Miguel Ángel Blanco a una empresa privada. El salón de plenos ha sido desalojado por el alcalde, incapaz de soportar la protesta de las madres del colegio y los vecinos. Hay que saber que la construcción del colegio corre a cuenta de la Comunidad (la suma de todos), pero el Ayuntamiento hace esta operación alegando que necesita sanear las arcas municipales.

La adjudicación se hace por 50 años y la empresa adjudicataria es Grupo Educativo, especializada en la organización de actividades de ocio y tiempo libre, sin experiencia pedagógica en el ámbito de la enseñanza reglada; pero a la que, sin embargo, se le han concedido 95 de los 100 puntos de valoración posibles.

La Consejería, en su apoyo a esta usurpación de bienes públicos, va a abrir un plazo extraordinario de escolarización para, entre otros, intentar matricular a los 66 alumnos del CEIP Miguel Ángel Blanco, expulsados de su colegio por la orden de supresión aprobada por la Comunidad en el BOCM del viernes 9 de mayo –supresión que se hará efectiva al acabar el curso-.

Se considera que la venta de este centro público es la iniciativa privatizadora más grave de las tomadas por el gobierno regional, hasta el momento. Y, ante la alarma social generada, no sólo seguirán adelante los recursos jurídicos emprendidos, sino otras medias más como acudir al Defensor del Pueblo en busca de amparo.

No te quepa duda, amig@: si no frenamos a estos nuevos ladrones de guante blanco disfrazados de “liberales”, seguirán expoliando los bienes públicos de la Comunidad de Madrid hasta dejarla convertida en un erial.

Los seis concejales y el alcalde del PP del Ayuntamiento de El Álamo (Madrid) han decidido en un pleno la privatización de un Colegio que acaba de construirse con fondos públicos. Lo curioso es que la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ya ha salido en apoyo de la medida, alegando no sé qué mandangas de la libertad de elección y el pluralismo... toda esa palabrería que manejan quienes justamente promueven lo contrario. Sólo un Centro público puede garantizar el respeto a la pluralidad, al no poder imponer un IDEARIO peculiar como sí lo hacen los concertados y privados.

La medida desde luego no tiene precedentes y supongo que será denunciada a los tribunales; porque el Colegio es construido con fondos públicos por la Comunidad que tiene las competencias (o incompetencias) educativas y cede la titularidad del Centro al Ayuntamiento, que a su vez contrae la obligación de ocuparse de su mantenimiento. Pero de ahí a poder decidir su puesta en manos privadas es algo cuya legalidad está por ver.

Lo grave es que este episodio se enmarca en todo un plan de expolio de los bienes públicos a cargo de los populares allí donde gobiernan. Ya lo hicieron con las grandes empresas del Estado (Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria) y nunca se equivocan respecto a en manos de quiénes quedan. Ahora en la Comunidad de Madrid repiten con respecto a la sanidad y la educación el modelo privatizador de expolio de lo público que ya puso en práctica el gobierno de la mayoría absoluta de Aznar.

Y es que hay que pensarse bien a quien se vota; porque éstos a los que tanto les gusta “lo privado” no se quedan a gestionar sus empresas, no; están como locos deseando de entrar en lo público que tanto detestan; y hacen siempre lo mismo cuando entran a gobernar lo público: desacreditarlo y expoliarlo. Es meter al enemigo en casa.