Esperanza Aguirre y su Consejera de Educación Lucía Figar continúan ejerciendo la irresponsabilidad animando a las familias y los alumnos a objetar con respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía, contra una asignatura que la Ley de Educación vigente establece como obligatoria en toda España. No pierden ocasión en hacer declaraciones sobre este asunto, tratando de engañar a la ciudadanía al difundir medias verdades con respecto a la legalidad de acogerse al “derecho” de objeción.
La Consejera Figar propone que los alumnos que objeten podrán sustituir la asistencia a las clases por trabajos que se les ponga en los Centros, ignorando que una propuesta parecida ya ha sido rechazada por los jueces en la Comunidad Valenciana. El caso es sembrar la confusión y promocionar la guerra ideológica que tanto les gusta, mientras se hurta a la escuela pública el prestigio y los medios materiales y humanos precisos para una enseñanza de calidad en la Comunidad de Madrid. A ver si el Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio de una puñetera vez.

AYUNTAMIENTO Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE MADRID CONSUMAN LA USURPACIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO EN EL ÁLAMO

El ayuntamiento de El Álamo ha aprobado en el pleno del viernes día 23, por 7 votos a favor (PP) y 5 en contra (PSOE), la adjudicación de las instalaciones del CEIP Miguel Ángel Blanco a una empresa privada. El salón de plenos ha sido desalojado por el alcalde, incapaz de soportar la protesta de las madres del colegio y los vecinos. Hay que saber que la construcción del colegio corre a cuenta de la Comunidad (la suma de todos), pero el Ayuntamiento hace esta operación alegando que necesita sanear las arcas municipales.

La adjudicación se hace por 50 años y la empresa adjudicataria es Grupo Educativo, especializada en la organización de actividades de ocio y tiempo libre, sin experiencia pedagógica en el ámbito de la enseñanza reglada; pero a la que, sin embargo, se le han concedido 95 de los 100 puntos de valoración posibles.

La Consejería, en su apoyo a esta usurpación de bienes públicos, va a abrir un plazo extraordinario de escolarización para, entre otros, intentar matricular a los 66 alumnos del CEIP Miguel Ángel Blanco, expulsados de su colegio por la orden de supresión aprobada por la Comunidad en el BOCM del viernes 9 de mayo –supresión que se hará efectiva al acabar el curso-.

Se considera que la venta de este centro público es la iniciativa privatizadora más grave de las tomadas por el gobierno regional, hasta el momento. Y, ante la alarma social generada, no sólo seguirán adelante los recursos jurídicos emprendidos, sino otras medias más como acudir al Defensor del Pueblo en busca de amparo.

No te quepa duda, amig@: si no frenamos a estos nuevos ladrones de guante blanco disfrazados de “liberales”, seguirán expoliando los bienes públicos de la Comunidad de Madrid hasta dejarla convertida en un erial.