Nada menos que del año 1992 viene la cosa, el caso de la privatización de la funeraria municipal: el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde Álvarez del Manzano, decidió en un pleno la venta del 49 % de las acciones de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña, por el módico precio de 0,6 euros. Al entenderse que en la operación se habían cometido irregularidades de consideración, el caso se denunció a los tribunales.

La Fiscalía de Madrid solicitaba para varios ex concejales y otras personas relacionadas con el escandaloso caso unos cuantos años de prisión y más años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, al serles imputados delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias a los ex concejales y varios delitos más, entre ellos contra la acienda Pública, a los otros intervinientes.

Al final, pasados 16 años, la Audiencia Provincial de Madrid deja a todos absueltos y únicamente al ex concejal popular Luis María Huete se le inhabilita por 2 años y un día para cargo público por prevaricación. A buenas horas mangas verdes, cuando este señor desapareció de la política hace años.