El señorito Arenas anda últimamente suelto de boca y hoy salía en defensa de los funcionarios huelguistas, acusando al Gobierno de “perseguir” al personal de Justicia. Mala suerte, señorito Arenas: quienes tenemos algo de información y memoria no tragamos las envenenadas palabras que salen de su negra boca. ¿Quién persigue a quién, señorito Bocanegra?

No puedo dejar de recordarle cómo allá por los tiempos inmediatos al “tamayazo” (¿le suena?), Michavila, ministro de Justicia del PP, organizó una auténtica purga de fiscales, quitándose de encima al Fiscal Anticorrupción, Jiménez Villarejo, a quien el entonces Fiscal General del Estado nombrado por Aznar prohibió que se investigara el “tamayazo” y los “ladrillazos”, sobre los que había por entonces no pocos indicios para investigar; con la misma jugada se quitó de encima a Martínez Zato, Jefe de Inspección Fiscal, pero que no contaba con las simpatías del poder político; y también expulsó del cargo al entonces Fiscal Jefe de Madrid y ahora Ministro de Justicia, el señor Bermejo.

Y lo curioso es por qué razón éste último se ganó la animadversión de Michavila: porque Bermejo protestó ante las declaraciones del entonces ministro (que culpaba a los funcionarios de la lentitud del funcionamiento de la justicia), poniendo de manifiesto la falta de medios en los juzgados. (¡Las vueltas que da la vida!) Sólo que entonces no hubo huelgas en los juzgados. Sólo hubo persecución.

Es increíble la sed propagandística de estos populares que quieren hacernos ver que funciona lo que está a medio acabar y que se ocupan del bien público cuando lo que hacen descaradamente es derivarlo a manos privadas.

Pero no pierden ocasión para la foto, no cesa la fiebre inaugural. Y allá que se presentan Esperanza Aguirre y su consejero Güemes, en el trasplantado hospital Puerta de Hierro, para inaugurar el primer parto. Y por supuesto, como era de esperar, los han puesto a parir.

Franco inauguraba pantanos y Esperanza Aguirre inaugura humo. Pasen y vean las nuevas instalaciones inauguradas tras el desmantelamiento del hospital Puerta de Hierro para llevarlo al nuevo edificio-estrella de Majadahonda. En este ir y venir de hospitales, camas, quirófanos, personal sanitario… lo que importa es el runrún de las inauguraciones, anzuelo para la audiencia que aplaudirá mientras no necesite una diálisis y cebo para los que están a la espera de que el Gobierno Popular de saqueadores del bien público les sirva en bandeja las ansiadas oportunidades de negocio a cuenta de la salud de los madrileños.

Y no para ahí el ataque. Güemes, Consejero de Sanidad y yerno de Fabra, alardea de su talante antidemocrático atacando a los delegados sindicales, olvidando que los sindicatos son instituciones del Estado Democrático, tan respetables como el cargo que él ostenta. ¿Cómo un dirigente político, si no es un desvergonzado, puede permitirse una chulería como decir que “con el sueldo de los sindicalistas liberados haría un hospital nuevo”? No hablaremos de su sueldo porque, como el de su jefa la marquesa Aguirre, seguro que no le llega a fin de mes.

Lo que hagan hoy será irreversible. Y si es un atentado contra algo básico, hay que rebelarse. Y sí es algo básico: nuestro sistema público de salud. No es cualquier cosa.

Y no me puedo explicar cómo pueden tener tanto morro Güemes, Beteta y Esperanza Aguirre para echar la culpa al Gobierno de falta de inversión en sanidad en Madrid, cuando a la fecha está por saberse en qué se gastaron el montón de millones que se les entregó específicamente para la mejora de la sanidad pública.

Porque lo cierto es que la Comunidad de Madrid ha cerrado camas, está considerada como la tercera peor de España en sanidad pública, está aumentando considerablemente las inversiones en los hospitales de gestión privada y, en el colmo de la desfachatez, a la vez que culpa al Gobierno de la Nación de la falta de presupuesto, convoca a los empresarios de la región en el hotel Ritz para ponerlos al corriente, previo pago de 1200 €, de las oportunidades de negocio privado con los hospitales.

Recuerda: Hasta que seamos capaces de curarnos solos, la sanidad pública seguirá siendo una necesidad y un derecho para todos (corto de Fernando Colomo).

El “Defensor del menor” de la Comunidad de Madrid dice que no se han vulnerado los derechos de los niños (en su mayoría gitanos) a los que, contra la voluntad de sus padres -que han llevado la protesta hasta la Asamblea de Madrid- La Consejería de Educación ha decidido trasladarlos del colegio en que estaban escolarizados a otro colegio bastante más deteriorado.

La noticia recogida por El País omite algo fundamental para entender la opinión expresada por el (en este caso,“presunto” y quizás me exceda) Defensor del menor: que éste fue nombrado por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid.

Aparte de meter en lo público la tijera de la privatización, poco sabemos de la acción de gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Ya le tenían ganas al Canal de Isabel II, ya. Y ya hubo algún escándalo relacionado con la gestión del “buque insignia” de las empresas públicas madrileñas. Pues para este otoño está prevista la decisión, aprovechando la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, hurtando a la Asamblea discusiones y polémica en los medios.

Afirma Aguirre que esta gestión, “permitirá la participación de los madrileños en la propiedad de su empresa del agua”. ¿A los madrileños? A un puñado de accionistas, que no es lo mismo. Y lo que no dice, claro, es que mediante la privatización de la gestión de lo que es de todos SE HURTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS MADRILEÑOS EL CONTROL DE ESA GESTIÓN. Quiere seguir el camino mediante el que, durante el AznarRato, se consumó el robo más descomunal y silenciado de la historia de España: la privatización de las empresas públicas más emblemáticas y productivas (Repsol, Telefónica, Endesa, Banco Argentaria…), entregando su dirección a amiguetes que en algunos casos aún continúan en el puesto.

Esperanza Aguirre y su Consejera de Educación Lucía Figar continúan ejerciendo la irresponsabilidad animando a las familias y los alumnos a objetar con respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía, contra una asignatura que la Ley de Educación vigente establece como obligatoria en toda España. No pierden ocasión en hacer declaraciones sobre este asunto, tratando de engañar a la ciudadanía al difundir medias verdades con respecto a la legalidad de acogerse al “derecho” de objeción.
La Consejera Figar propone que los alumnos que objeten podrán sustituir la asistencia a las clases por trabajos que se les ponga en los Centros, ignorando que una propuesta parecida ya ha sido rechazada por los jueces en la Comunidad Valenciana. El caso es sembrar la confusión y promocionar la guerra ideológica que tanto les gusta, mientras se hurta a la escuela pública el prestigio y los medios materiales y humanos precisos para una enseñanza de calidad en la Comunidad de Madrid. A ver si el Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio de una puñetera vez.

La imagen en negro y el silencio emitidos por las cadenas autonómicas TeleMadrid y Onda Madrid son una de tantas respuestas contra la manipulación informativa, el despilfarro económico y el desprecio a los profesionales.

La descalificación de la huelga de trabajadores que llevan ya aguantado lo indecible corrió a cargo tanto del Consejero Grandados como de la periodistas (por llamarla de alguna manera) Curri Valenzuela: con tildarla de "huelga política", ya está todo arreglado.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid continúa con sus tropelías en contra de los recursos educativos públicos, contra la enseñanza en suma. Para el próximo curso ya tiene previsto cerrar 23 de los 28 Centros de Apoyo a Profesores (CAPs) en esta Comunidad.

Esta red de centros de apoyo viene funcionando desde hace 23 años se puso en marcha como servicio cercano a los profesores, para facilitar la realización de cursos de formación, renovación pedagógica, intercambio de experiencias en seminarios y grupos de trabajo en las distintas zonas o distritos... También funcionan (vamos a decir ya “funcionaban”) como centros de recursos: bibliografía, material didáctico y otros recursos que se pudieran necesitar.

Pero a estos administradores tan amigos de lo privado y que entran en lo público como elefante en cacharrería no se les iba a escapar dar también aquí un buen hachazo. Suma y sigue. ¿Dejarán algo sano en tres años que aún les quedan?